El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la declaración de un estado de emergencia en La Paz debido a los estragos causados por las intensas lluvias, según un comunicado oficial. El desbordamiento de ríos durante el fin de semana ha dejado varias viviendas destruidas y ha generado graves problemas en la ciudad.

Comprometido con la situación, Arce ha prometido el envío de maquinaria pesada y 3.000 efectivos a las zonas afectadas, según lo establecido en el documento gubernamental. Las lluvias torrenciales han provocado inundaciones en diversos barrios, dejando áreas de la ciudad incomunicadas debido al corte de suministro de agua, electricidad y el bloqueo de carreteras.

El mandatario expresó su preocupación en una publicación en la red social X, donde escribió: “Nos encontramos profundamente consternados por la difícil situación que atraviesa nuestro municipio paceño”. Estas palabras reflejan la gravedad del momento y la determinación del gobierno para hacer frente a la emergencia.

Trágicamente, una persona perdió la vida durante el fin de semana en La Paz como consecuencia de las inclemencias del tiempo. Además, los datos oficiales revelan que cerca de 50 personas han fallecido en todo el país desde el inicio de la temporada de lluvias en enero. Esta situación demanda una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades para mitigar los daños y brindar apoyo a las comunidades afectadas.

Las devastadoras lluvias que azotaron Bolivia desde noviembre pasado han dejado un saldo trágico: 40 personas fallecidas y aproximadamente 15,840 familias afectadas, según informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes. La situación es alarmante, con 227 comunidades damnificadas y más de 9,924 familias directamente afectadas por riadas, inundaciones y deslizamientos de tierra. Con 418 viviendas dañadas y 786 completamente destruidas, la magnitud del desastre es evidente.

La región más golpeada por estos desastres naturales es el departamento de La Paz, seguido de cerca por Potosí y Cochabamba. Las ciudades capitales, especialmente Nuestra Señora de La Paz y Cercado en Cochabamba, han sufrido graves daños. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió alertas rojas y naranjas, advirtiendo sobre la posibilidad de que la situación empeore en los próximos días.

En respuesta a esta crisis, el Gobierno boliviano ha instado a las autoridades regionales a activar mecanismos de coordinación para proporcionar asistencia y planificar la reconstrucción de las áreas afectadas. El Viceministerio de Defensa Civil ha puesto en marcha el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos del Batallón de Ingeniería II General Román de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de brindar ayuda inmediata a las familias afectadas sin trámites burocráticos.

Además, diversas instituciones estatales están brindando su apoyo con herramientas, alimentos no perecederos y otros suministros básicos para hacer frente a esta emergencia. Es crucial una acción coordinada y rápida para ayudar a las comunidades afectadas a recuperarse de esta tragedia y reconstruir lo que se ha perdido.

A medida que las protestas encabezadas por seguidores del expresidente Evo Morales ingresan en su tercera semana en Bolivia, la crisis de desabastecimiento de alimentos y combustibles se profundiza. La falta de un acuerdo y la creciente polarización política entre los seguidores de Morales y el gobierno actual generan preocupaciones sobre el futuro inmediato del país.

La exigencia de la renuncia de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para 2025 sigue siendo el punto de conflicto central. Esta situación ha intensificado las tensiones entre Morales y el presidente Luis Arce, exaliado del exmandatario y exministro de Economía. Las acusaciones de sabotaje y manipulación política contribuyen a la escalada de la confrontación. Con 30 puntos de bloqueo en todo el país, la escasez de alimentos y combustibles se expande, afectando gravemente a la población. Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior, informa sobre la persistencia de enfrentamientos entre manifestantes, en su mayoría cocaleros, y las fuerzas policiales, con un saldo de 40 policías heridos, 15 detenidos y tres personas fallecidas en los bloqueos.

Las ciudades más afectadas por la escasez de productos básicos son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, exacerbando las tensiones sociales y económicas. La advertencia del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre el riesgo de accidentes con camiones cisterna cargados de combustible atrapados en las protestas aumenta la ansiedad en el país.

En este contexto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” de La Paz, en estado de emergencia, denuncia las pérdidas económicas y anuncia acciones legales contra “supuestos dirigentes” que promueven las protestas por motivos políticos. La persistencia de la crisis plantea desafíos significativos para la estabilidad de Bolivia y la necesidad urgente de encontrar una solución pacífica a esta situación.

Este congreso, que tuvo lugar en Lauca Ñ a principios de octubre, había designado a Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones de 2025.

La decisión fue tomada por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró la invalidez de dicho congreso y ordenó la convocatoria de uno nuevo.

Fernando Arteaga, el secretario de la sala plena del TSE, informó que “la sala plena del Tribunal Supremo Electoral ha determinado rechazar las determinaciones del décimo congreso ordinario del Movimiento Al Socialismo (MAS), en cuanto a la elección de su directiva y tribunal de ética, y ha dispuesto que la directiva actual adopte medidas para convocar una nueva convocatoria de un congreso bajo las determinaciones del Tribunal Supremo Electoral.” El TSE respaldó así el informe presentado por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que había recomendado no registrar a Evo Morales como presidente de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, argumentando que no cumplió con un requisito necesario para su elección.

En el congreso de Lauca Ñ, no solo se ratificó a Morales como líder del partido, sino que también se le designó como candidato presidencial para 2025. Además, se consideró “autoexpulsados” a varios dirigentes y legisladores cercanos al Gobierno, incluyendo al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca. El Sifde argumentó que, además de que el congreso duró un día menos de lo anunciado, Evo Morales no presentó el “certificado de militancia” emitido por el órgano electoral, que acredita al menos 10 años de militancia en el MAS-IPSP.

Por entender que constituyen una “injerencia”; sostuvo que China “manipula” a gobiernos de América Latina y el Caribe.

“Nosotros no tenemos ni admitimos ninguna injerencia de ningún Estado del mundo; Bolivia tiene una definición en cuanto a la industrialización de los recursos naturales”, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

“Aquí no hay consulta al FMI ni al Banco Mundial ni a ningún país del norte para desarrollar nuestro propio destino; somos soberanos para elegir trabajar con el que nos traiga las mejores condiciones al país”, dijo Molina a una televisora estatal.

El funcionario agregó que las declaraciones cuestionadas desconocen “la realidad” de la región y utilizaron “hasta unos términos tan agresivos como ‘patio trasero’”, según una agencia de noticias.

Molina reaccionó de ese modo a afirmaciones que la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, realizó ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes de su país.

Richardson dijo entonces que China “continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar” en América Latina y el Caribe, y “manipula” a sus gobiernos mediante “prácticas de inversión depredadoras”.

Una mujer de 36 años y otra de 33 son las nuevas víctimas fatales de la violencia machista en Bolivia y que las autoridades reportaron el pasado viernes en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, respectivamente, y que elevó a 90 los feminicidios en 2022.

El primer caso corresponde a Andrea C.C., madre de dos niños, que tiene como principal sospechoso a su expareja, Bismar P.H. de 26 años, informó el fiscal Departamental de La Paz, William Alave. El crimen se produjo la madrugada de este jueves en la población rural de Zongo, a unos 71 kilómetros de La Paz, cuando el acusado, bajo el consumo de alcohol, citó a la víctima y discutió con ella hasta que consumó la agresión.

El fiscal del caso Jhonny Callau mencionó que los indicios apuntan a que Bismar P.H. agredió a la mujer “en plena vía pública”, una versión que fue reforzada por el testimonio de un testigo.

La autopsia determinó que la causa del deceso es una “muerte por anoxia, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulación”, informó la Fiscalía.

A este caso se suma el que se produjo en la población oriental de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, y que tiene como víctima a Elenir P.D., de 33 años.

La mujer falleció a causa de una hemorragia ocasionada por la golpiza que le propinó su pareja, hecho que se produjo hace una semana y que la víctima no denunció por miedo a su agresor, aunque el responsable está arrestado, informaron los medios locales.

Ante la gravedad de sus lesiones, la mujer tuvo que internarse en un hospital hace dos días, pero falleció en la víspera, según el relato de los familiares.

Estos dos casos se suman a los 88 feminicidios que la Policía Boliviana cuantificó entre enero y la primera quincena de diciembre y que se han producido principalmente en La Paz (36), Santa Cruz (21) y Cochabamba (11).

Los recurrentes feminicidos colocan a Bolivia entre los países más violentos para las mujeres de la región, por lo que el Gobierno declaró 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”.

Con conocimiento de que el ex ministro se encuentra radicado en Brasil, la secretaría de la fiscalía informó que ese será el paso a seguir.

La Fiscalía boliviana reactivó el proceso de extradición del exministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), Fernando López, quien está refugiado en ese país, informó el secretario general de la entidad.

“Como Fiscalía hemos tomado conocimiento que el exministro Luis Fernando López se encuentra con radicatoria en Brasil, juntamente con el anterior comandante de la Policía Yuri Calderón, por lo que reactivamos el procedimiento de extradición, iniciado en marzo”, afirmó Edwin Quispe en conferencia de prensa.

El funcionario indicó que se cumple con los procedimientos establecidos en la ley y se solicitó la detención preventiva con fines de extradición.

Este movimiento se dio por la caída de Bolsonaro en el balotaje de las elecciones presidenciales de Brasil, quién se regodeó días atrás afirmando que no solo estaba dispuesto a defender la situación de López, sino que le daría la extradición también a Áñez, muy afín a su ideología política y sobre quien siempre sostuvo que no perpetró un golpe de Estado contra Evo Morales.

Cabe destacar que López y Calderón son acusados de delitos como incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el Estado, terrorismo y las muertes en las masacres de Senkata y Sacaba.

Ambos fueron posesionados por la exgobernante de ultraderecha Áñez, quien fue sentenciada el 10 de junio a 10 años de prisión por varios delitos cometidos tras su ascenso al cargo en 2019, entre ellos el de sedición y violación de la Constitución.