Dina Boluarte, presidenta de Perú, ha descartado rotundamente la posibilidad de renunciar a su cargo, a pesar de las crecientes investigaciones fiscales en su contra. Durante una ceremonia pública, Boluarte reafirmó su compromiso de gobernar hasta el final de su mandato en 2026, desafiando así las presiones externas.

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan tanto a Boluarte como a su ministro del Interior por presunto encubrimiento personal, relacionado con el desarme de un equipo policial que colaboraba con investigaciones anticorrupción. Estos acontecimientos han generado tensiones en el Congreso, que ahora evalúa la posibilidad de debatir su destitución.

Con una aprobación por debajo del 10 por ciento, tanto Boluarte como el Congreso enfrentan una creciente desconfianza pública. Sin embargo, Boluarte se mantiene firme en su posición, criticando las nuevas investigaciones y reafirmando su compromiso con el desarrollo del país.

En un país marcado por la inestabilidad política, Boluarte se muestra decidida a resistir las adversidades y a seguir adelante con su agenda gubernamental hasta el final de su mandato.

La presión judicial sobre la presidenta peruana Dina Boluarte sigue en aumento, con tres investigaciones fiscales en su contra, mientras sus ministros muestran un frente unido en su apoyo. Esta situación se da en un país donde los últimos mandatarios no han logrado completar sus términos en medio de escándalos.

El Ministerio Público abrió la semana pasada una investigación preliminar contra Boluarte por presunto encubrimiento personal, después de desmantelar un equipo policial que respaldaba a fiscales que investigaban casos de corrupción en el poder.

La investigación ganó impulso después del arresto del hermano y un abogado de Boluarte, como parte de una pesquisa sobre presunto tráfico de influencias. Estos eventos subrayan la constante turbulencia política en el país.

“Estamos generando un ambiente no adecuado para la unidad nacional”, declaró el ministro de Defensa, Walter Astudillo, en defensa de Boluarte, quien asumió el cargo a fines de 2022. “La ingobernabilidad no ayuda a solucionar los problemas del país”, añadió.

Las denuncias de corrupción han afectado a casi todos los presidentes en las últimas tres décadas, muchos de los cuales han terminado tras las rejas. Desde 2018, Perú ha visto seis presidentes debido a renuncias o destituciones.

Según una nueva carpeta fiscal, Boluarte también enfrenta acusaciones de abuso de autoridad y de presionar a uno de sus investigadores para archivar pesquisas contra su hermano. Sin embargo, ministros como Daniel Maurate del Trabajo y Hania Pérez de Cuéllar de Vivienda han instado a evitar especulaciones y han expresado su apoyo a Boluarte.

El Congreso, fragmentado y con baja aprobación, ha rechazado previamente mociones para destituir a Boluarte. Sin embargo, algunos legisladores, principalmente de izquierda, están considerando presentar una nueva moción de destitución.

La percepción de la democracia en Perú está en su punto más bajo desde 2006, con solo dos de cada 10 peruanos satisfechos con ella, según un estudio del Instituto de Estudios Peruanos. Estos son tiempos turbulentos para la política peruana, con la presión sobre Boluarte en aumento y el país enfrentando una profunda crisis de confianza en sus instituciones democráticas.

La presidenta peruana, Dina Boluarte, ha tomado la decisión de remover a cuatro ministros de su gabinete en respuesta a críticas recientes sobre la eficacia de su gestión. Estos cambios afectaron a áreas clave como Economía, Defensa, Energía y Ambiente.

En el Ministerio de Economía, José Arista reemplazó a Alex Contreras, mientras que en Defensa, el general en retiro Walter Astudillo sucedió a Jorge Chávez, quien se vio envuelto en un caso de tráfico de armas en el ejército. Para el Ministerio de Ambiente, la designación recayó en el biólogo Juan Carlos Castro, y para Energía y Minas, en el ingeniero Rómulo Mucho.

Los ministros salientes, Albina Ruiz del Ambiente y Óscar Vera de Energía y Minas, fueron criticados por diversos motivos. Ruiz recibió críticas por su manejo de la crisis de agua en Lima y por el alto nivel de deforestación en comunidades nativas, mientras que Vera enfrentó cuestionamientos por no revelar sanciones administrativas durante su paso por Petroperú y por presuntos vínculos con exaliados del expresidente Pedro Castillo.

Estos cambios se realizaron poco después de que Boluarte negara públicamente cualquier fricción entre sus ministros, asegurando que su gabinete trabajaba de manera armoniosa. Contreras, quien salió del cargo de Ministro de Economía, dejó un mensaje optimista en sus redes sociales, destacando los desafíos del año anterior y expresando su confianza en el crecimiento económico futuro. La gestión de Boluarte enfrenta altos niveles de desaprobación, según una encuesta reciente de Ipsos, con un 83% de rechazo y solo un 8% de aprobación, marcando su periodo de gobierno como uno de los más desfavorables en términos de popularidad.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha levantado su voz en contra de la reciente acción tomada por la Policía Nacional de Perú (PNP) de iniciar acciones legales contra un caricaturista y el diario La República debido a una viñeta que consideran ofensiva.

La caricatura, creada por el renombrado dibujante Carlos Tovar Samanez, busca reflejar las preocupaciones de una parte de la población sobre la presunta implicación de algunos policías en actividades delictivas. La SIP, con base en Miami, ha instado a la PNP a retirar sus demandas y a abstenerse de exigir disculpas públicas por el dibujo.

El presidente de la SIP, Roberto Rock, ha criticado la reacción de la policía, calificándola como desproporcionada. Señaló que las autoridades deben respetar el derecho a la crítica y retirar cualquier amenaza legal que pueda restringir la libertad de expresión en el país.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) también ha expresado su desaprobación ante la actitud de la PNP, destacando que las leyes que penalizan la expresión crítica hacia funcionarios públicos socavan la libertad de prensa. Varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa en Perú se han sumado al llamado de la SIP, instando a que se respete el derecho a la libertad de expresión en el país andino.

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, renunció a su cargo tras ser censurado por el Congreso con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones, superando los 66 votos requeridos.

Romero, quien estuvo al frente de la cartera del Interior durante 10 meses, presentó su dimisión luego de una presunta “incapacidad de liderazgo e idoneidad” por parte del Parlamento peruano.

La decisión de su censura fue apoyada por una mayoría en el Congreso, y se le concedieron 72 horas para presentar su renuncia. Durante su gestión, Romero enfrentó una etapa compleja en las protestas sociales y reconoció la necesidad de una intervención planificada para abordar la situación delictiva, destacando haber sentado bases para reducir la criminalidad.

A través de sus redes sociales, Romero señaló los desafíos enfrentados durante su mandato y su labor en un contexto de complicaciones en las protestas sociales. El Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N.º 172-2023-PCM, aceptó la renuncia del exministro y le agradeció por sus servicios prestados a la Nación.

Esta denuncia se originó a raíz de una entrevista que Castillo dio a CNN en la que mencionó la posibilidad de consultar al pueblo sobre otorgar a Bolivia acceso al mar, un histórico reclamo boliviano que llegó incluso a la Corte Internacional.

La decisión del Tribunal Constitucional invalida la resolución previamente aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que había declarado la “nulidad del acuerdo en lo referido a la admisión de la denuncia” contra Castillo.

En la entrevista con CNN, Castillo manifestó su disposición a consultar al pueblo sobre este tema y declaró que “no solo hay que abrir las fronteras, hay que vivirlas”. Sin embargo, un grupo de abogados y políticos presentó una denuncia constitucional argumentando que estas declaraciones pusieron en riesgo la integridad territorial de la nación y constituían un acto de traición a la patria.

Castillo se disculpó posteriormente y calificó sus palabras como un “error”. El ex presidente fue destituido en diciembre del año pasado tras un proceso de disolución del Congreso y la posterior formación de un Gobierno de emergencia. Esta estrategia fue desactivada por el Congreso, que lo destituyó, y Castillo fue detenido en prisión preventiva en medio de un proceso judicial que fue cuestionado.

La directora del ministerio en Cusco, Maritza Rosa Candia, explicó que el alto número de visitantes diarios, que oscila entre 3,600 y 3,800 turistas locales y extranjeros, ha causado daños irreversibles en los elementos líticos de tres sectores emblemáticos de la ciudadela.

Como resultado, se cerrarán temporalmente el Templo del Cóndor, el Intihuatana (una pieza lítica tallada considerada sagrada para los incas), y el Templo del Sol, lugares donde se rendía homenaje y ofrendas al Sol dentro de Machu Picchu.

La arqueóloga encargada destacó la necesidad de proteger el patrimonio de Machu Picchu debido al daño irreversible que ha sufrido. Este complejo arqueológico, ubicado a 130 kilómetros de Cusco a una altitud de 2,438 metros, fue construido en el siglo XV por orden del inca Pachacútec (1438-1470) y es considerado una obra maestra de la arquitectura e ingeniería. Machu Picchu, conocida como “la ciudad perdida de los incas,” fue declarada Patrimonio Histórico y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1981.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, Dina Boluarte, ha afirmado en una reciente declaración que el reciente cambio de gobierno en el país, que resultó en la destitución del presidente Pedro Castillo, fue un “golpe de Estado” orquestado y planificado meticulosamente.

Boluarte acusó a diversos actores políticos y grupos de poder de llevar a cabo un “zarpazo” contra el gobierno de Castillo, quien asumió el cargo apenas hace unos meses con una agenda progresista centrada en la lucha contra la desigualdad y la corrupción.

Boluarte expresó su preocupación por el rápido cambio de rumbo que ha experimentado el país desde la llegada al poder del nuevo presidente, cuyo gobierno ha implementado medidas que van en contra de los intereses de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Según la ministra, estas acciones son producto de un plan premeditado para desmantelar la agenda transformadora propuesta por Castillo.

La destitución de Castillo se llevó a cabo el pasado 5 de junio, cuando el Congreso peruano aprobó una moción de vacancia presidencial tras acusarlo de “incapacidad moral” para gobernar. Sin embargo, Boluarte sostiene que esta medida fue impulsada por fuerzas que se oponían a las reformas impulsadas por el presidente en materia económica y social.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social también denunció la falta de transparencia en el proceso de destitución y cuestionó la legitimidad de las acciones tomadas por el Congreso. Según Boluarte, el golpe de Estado se basó en argumentos infundados y fue ejecutado de manera antidemocrática, socavando la voluntad popular expresada en las elecciones.

Estas declaraciones de Boluarte han generado un intenso debate político en Perú, con algunos sectores respaldando sus afirmaciones y exigiendo una investigación exhaustiva sobre los eventos que llevaron a la destitución de Castillo. Mientras tanto, otros actores políticos han rechazado sus acusaciones y argumentan que se trató de un proceso legítimo basado en el marco constitucional del país.

En medio de esta polémica, la situación política en Perú continúa siendo incierta. El actual presidente interino, quien asumió el cargo tras la destitución de Castillo, ha prometido convocar a nuevas elecciones en el país, pero la fecha y el proceso para llevarlas a cabo aún no se han definido.

El futuro político de Perú sigue siendo un tema de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que la estabilidad y la continuidad de las políticas implementadas por el gobierno de Castillo están en juego.