Con el objetivo de neutralizar las protestas que se suceden desde hace más de dos meses contra la presidenta, Dina Boluarte, y en reclamo de la convocatoria de nuevas elecciones.

La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno en las regiones donde se prorrogó el estado de emergencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, precisa el decreto publicado anoche en una edición extraordinaria del boletín oficial. 

El texto indica que se ha determinado prorrogar el estado de emergencia por el término de 30 días calendario, a partir de este martes, en el departamento de Lima, en la provincia constitucional del Callao, y en varias autopistas que conectan las zonas donde las protestas han sido más intensas, como la Carretera Panamericana Sur.

Asimismo, resalta que durante la vigencia de esta norma excepcional quedan limitados o suspendidos los derechos constitucionales “relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales”, informal la emisora peruana RPP.

El decreto fue publicado horas después de que el ministro de Economía peruano, Álex Contreras, asegurara que “ya pasó lo peor” de las protestas.

​​Hasta el momento, el Congreso unicameral no ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones.

Anticipó el presidente del Congreso, José Williams, después de que el período de legislatura, que debía terminar el viernes pasado, fuera ampliado hasta el próximo para ver otros temas pendientes.

El Congreso del Perú tendrá desde este lunes una última semana de oportunidades para anticipar las elecciones a este año, en medio del clamor popular en esa vía y de una ola de protestas que acumula ya 60 muertos. 

En ese tiempo adicional, se podrán introducir propuestas. Y el secretario general del partido de centroderecha Alianza Para el Progreso (APP), Luis Valdez, anticipó que sus 14 congresistas votarán a favor de que se reexamine el tema electoral.

“Vemos que es posible, por el sentido de urgencia, estar de acuerdo con que se vuelva a debatir el tema del adelanto ”, señaló por su parte el portavoz parlamentario del ex partido oficialista Perú Libre (PL), Flavio Cruz. 

Con una huelga general y movilizaciones anunciadas para este jueves, después de varios días en los que disminuyó la tensión callejera del conflicto. 

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a un paro general para este jueves, al que varios sindicatos no solo se adhirieron sino que sumaron llamados a realizar movilizaciones en Lima y otras ciudades. 

Entre ellos figura el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), uno de los más numerosos del país, que convocó a una manifestación para las 15.30 de este jueves en el centro de la capital, según el diario limeño La República.

Mientras tanto, cientos de personas continuaron manifestándose este miércoles en Lima y otras ciudades en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte o el adelantamiento de las elecciones generales.

El Congreso, que en las últimas semanas desechó más de media docena de iniciativas destinadas a anticipar las elecciones, aplazó hasta este jueves una sesión plenaria prevista inicialmente para este miércoles y en la que algunas bancadas esperaban debatir otros proyectos en esa dirección, según una agencia de noticias.

Por haber dado una presunta entrevista a un medio español sin autorización. 

“Hoy 7 de febrero del 2023, ante la presunta entrevista realizada por el diario elsaltodiario.com (de España), el INPE ha iniciado un segundo procedimiento administrativo disciplinario (contra Castillo), considerando el marco normativo y las disposiciones que regulan la disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios”, señaló el ente. 

El medio español publicó este martes una entrevista hecha al expresidente dentro del penal Barbadillo, de Lima, donde Castillo se encuentra detenido. 

En la entrevista, el exjefe del Estado habla sobre la situación del país y llegó a acusar de “dictatorial” y “genocida” al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Castillo está recluido desde diciembre en Barbadillo, luego de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva en su contra por las investigaciones que le sigue la fiscalía por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

El INPE señaló que, por ley, los internos tienen derecho a las comunicaciones con terceros, pero que “estas deben darse dentro de los parámetros y objetivos que persigue el tratamiento penitenciario, lo cual excluye aquellas de naturaleza política y o proselitista”.

Un grupo de arquéologos descubrió 168 figuras nuevas, que, al igual que las anteriores, fueron creadas en la antigüedad al quitar piedras negras de la superficie para exponer la arena blanca más profunda. Las líneas de Nazca fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1994.

La Línea de Nazca, ubicada en el sur de Perú, es una zona desértica que agrupa casi 300 geoglifos precolombinos. En el área, de casi 1.000 kilómetros cuadrados, se pueden ver figuras distintas, que incluyen animales, humanos y plantas, y que datan del año 100 a.C y 300 d.C.

La investigación empleó fotografías aéreas de alta resolución e imágenes de drones, y sumó las 168 figuras a las otras 190 que habían sido halladas hasta 2018, teniendo así un total de 358 geoglifos.

Gracias a un trabajo de campo que duró ocho meses, los arqueólogos de la Universidad de Yamagata, en Japón, trabajaron casi un año en la zona, lo que los llevó al descubrimiento de figuras inéditas.

Los investigadores explicaron que hay dos tipos de geoglifos: los de tipo lineal y los de tipo relieve. Cinco de los hallazgos recientes son lineales, mientras que los 163 restantes son de relieve.

El estudio es producto de una alianza entre el Ministerio de Cultura de Perú y la Universidad de Yamagata para la conservación e investigación científica de los geoglifos, gracias a la cual se estableció un parque arqueológico en 2017 con el fin de protegerlos.

Yenifer Paredes fue liberada tras el fallo que revocó la prisión preventiva de 30 meses que cumplía por supuestamente integrar una red de corrupción.

La cuñada del presidente de Perú, Yenifer Paredes, quedó este martes en libertad tras el fallo que revocó la prisión preventiva de 30 meses que cumplía por supuestamente integrar una red de corrupción dirigida por el mandatario Pedro Castillo.

Paredes dejó la cárcel de mujeres ubicada en el distrito de Chorrillos, al sur de Lima, sin hacer declaraciones a la prensa, y subió al auto de su abogado, que la trasladó a la residencia de Palacio de Gobierno, donde vive.

La excarcelación se produjo un día después de que un tribunal de apelaciones ordenara que recupere su libertad tras pasar 55 días en la cárcel.

Paredes, de 26 años, seguirá libre la investigación que mantiene la fiscalía en su contra, pero con una serie de medidas restrictivas como no ausentarse del lugar donde reside sin permiso de un juez.

Cabe destacar que Según la fiscalía, Paredes es parte de una presunta red de corrupción que arreglaba contratos de obras públicas, y que dirigía el mandatario peruano.

La organización de Estados Americanos salió a respaldar al mandatario peruano luego de que solicitó una reunión para impedir la “grave alteración del orden democrático” que, según él, busca la oposición de derecha.

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su “apoyo y solidaridad” al presidente de Perú, Pedro Castillo y decidió el envío de un “grupo de alto nivel” a ese país, después de que el mandatario, con varias causas judiciales por corrupción en su contra, pidiera ayuda para superar la crisis política.

En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”.

La OEA designó a “un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación” y luego informe de ello al Consejo.

Fue en respuesta a un pedido del propio presidente, que solicitó activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.

El artículo 17 contempla que un país pueda “solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática” si considera que “está en riesgo” y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.

Castillo pidió a la OEA “iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales” en busca de “un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú”.

Los 25 parlamentarios miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podrían archivar la denuncia por no incluir las causales previstas por la Constitución, pero también podrían darle luz verde a un proceso que se vislumbra extremadamente polémico.

Las miradas en Perú quedaron puestas en los 25 congresistas que, a más tardar el 25 de este mes, deben pronunciarse sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, eventual primer paso de una salida definitiva o temporal del mandatario del cargo.

En ese lapso, esos 25 parlamentarios, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, podrían archivar la denuncia por no incluir las causales previstas por la Constitución, pero también podrían darle luz verde a un proceso que se vislumbra extremadamente polémico.

Si la Subcomisión decide archivar la denuncia contra Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión, el asunto se cerrará automáticamente. De lo contrario, el grupo designará a uno de sus miembros para que elabore una ponencia y dé paso a un proceso que podría tardar varios meses.

Para el constitucionalista Omar Cairo, de las fórmulas que tenía la Fiscalía, la de la denuncia constitucional ante el Congreso, elegida por la fiscal general, Patricia Benavides, no solo es “la más engorrosa y complicada”, sino que podría llegar a la conclusión de que a Castillo se lo puede juzgar, pero cuando termine su período en 2026.

“No sé si la fiscal sabe eso o si los congresistas que están aplaudiendo la denuncia lo saben”, ironizó Cairo, quien, como varios constitucionalistas, se dedica a explicar aspectos complicados para los no versados.

Por lo pronto, se sabe que 11 de los 25 integrantes de la Subcomisión son partidarios de sacar a Castillo y otros 11 no. De los tres restantes no está clara su posición. El análisis es importante ante la posibilidad alta de que los argumentos políticos eclipsen a los jurídicos.

Dina Boluarte se presentó en una subcomisión del Congreso, que debe decidir esta semana si procede acusarla de presuntas irregularidades administrativas, con riesgo de una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos y esto pondría a un opositor en la línea de sucesión de la Presidencia peruana.

Algunos sectores con presencia en el Congreso de Perú pretenden inhabilitar o destituir al presidente Pedro Castillo y a la vice Dina Boluarte, denunció la propia número dos del país, que rechazó además haber cometido irregularidades en su gestión.

“Algunos sectores políticos pretenden primero inhabilitar a la vicepresidenta para luego intentar nuevamente la vacancia o quizá inhabilitación y suspensión del presidente”, aseguró Boluarte ante una comisión del legislativo.

Boluarte se presentó ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que debe decidir esta semana si procede acusarla de presuntas irregularidades administrativas, con riesgo de una inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.
Una eventual sanción contra ella pondría al jefe del Congreso, el opositor José Williams (Avanza País), en la línea de sucesión de Castillo, quien logró sortear dos mociones de destitución en el Parlamento en sus 15 meses en el poder.

Pero, a la vez, se espera que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presente pronto una denuncia constitucional contra Castillo, que podría derivar en su suspensión.

“No voy a ingresar a un debate político sobre este asunto; solo expreso ante el país que este plan está en marcha”, advirtió Boularte, que también es ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Es válido aclarar que el Congreso de Perú es dominado por la derecha opositora y está enfrentado al gobierno de Castillo desde que inició funciones, en julio de 2021.

La capital peruana ratificó su vocación conservadora, se disputó voto a voto entre dos fuerzas de esa tendencia, López Aliaga de Renovación Popular y Daniel Urresti de Podemos Perú. En el resto del país ganaron mayoritariamente fuerzas regionales.

Rafael López Aliaga, un ultraconservador que alguna vez pidió en público la muerte del presidente del Perú, Pedro Castillo, será desde enero el alcalde de Lima, metrópolis en que vive casi un tercio de los peruanos, lo que parece agravar aún más el clima de incertidumbre política en el país.

Ahora, según expresó el politólogo Roger Santa Cruz, lo que le podría quedar a Castillo es tratar de acercarse a los gobiernos regionales emergidos de las elecciones del domingo, para consolidar acuerdos.

No será fácil por la heterogeneidad de esos gobiernos, que en su gran mayoría estarán en manos de movimientos de alcance regional sin nexos entre sí.

Así, mientras en la capital hubo predominio de tres partidos nacionales -el ultraconservador Renovación Popular (RP), el derechista Podemos Perú (PP) y el centroderechista Somos Perú (SP)-, en el interior esas organizaciones fueron barridas por colectivos regionales.

Es decir, de las 25 gobernaciones departamentales, alrededor de 20 estarán en manos de esos movimientos regionales, a los que Santa Cruz describe como “agrupaciones pragmáticas de ciudadanos que se unen para hacer política”.

Lima ratificó su vocación conservadora: la alcaldía de la ciudad de 9,5 millones de habitantes se disputó voto a voto entre López Aliaga, de RP, y Daniel Urresti de PP, a quienes solo hizo alguna sombra George Forsyth, de SP.

Al final, el triunfo, por no más de un punto porcentual, fue para López Aliaga, millonario miembro del Opus Dei que presume de su castidad y sus autoflagelaciones y tiene un discurso virulento contra los “malditos comunistas” (la gente de izquierda), y los “caviares” (quienes se le oponen desde el centro o centroizquierda).