Una investigación preliminar se abre contra la mandataria por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en relación a los incidentes durante las manifestaciones.

 La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada este martes por la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, como parte de la investigación preliminar que se ha abierto por las decenas de muertes que se produjeron en su país durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre a marzo pasado.

En la diligencia por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, la fiscal general estuvo asistida por el fiscal adjunto supremo Marco Huamán, que investiga los casos abiertos contra altos funcionarios del Estado.

Boluarte respondió durante unas tres horas en la sede principal de la Fiscalía de la Nación, a donde ingresó y luego abandonó sin ofrecer ningún pronunciamiento, salvo unas declaraciones de su abogado, Joseph Campos.

El abogado sostuvo en el Canal N de televisión que Boluarte ahora espera ser excluida de las investigaciones y que no respondió a las preguntas hechas “por quien no corresponde”, en referencia a la prerrogativa presidencial que indica que solo podía ser interrogada por la fiscal general.

“El compromiso que asumimos de responderle todas las preguntas al Ministerio Público ocurrió, porque así lo dispone la ley, y ahora tenemos la expectativa de que, habiendo ocurrido esto, ahora podamos tener lo que corresponde, que es la exclusión de la presidenta de la República de esta investigación”, sostuvo Campos.

Además de ello, consideró “importante” la diligencia fiscal y dijo que “se desarrolló en el marco de algo que hace mucho no se ve: una relación respetuosa entre las autoridades democráticas”.

Campos cuestionó, sin embargo, que exista una investigación preliminar por el delito de genocidio contra la gobernante, algo que aseguró que no tiene “ningún sentido”, pero sí un “efecto deteriorante” mientras se mantenga vigente.

En esta investigación también se ha incluido al primer ministro, Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes, así como al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las manifestaciones dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas siete haitianos, perdieron la vida por acciones de protesta como el bloqueo de carreteras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú. EFE

Su nivel más alto desde que llegó al poder hace cuatro meses tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, según mostró este lunes una encuesta difundida en medio de una persistente crisis política.

La caída de Castillo y su reemplazo por Boluarte, hasta entonces su vicepresidenta, desató una ola de protestas en exigencia de su renuncia y de un adelantamiento de las elecciones, cuya feroz represión dejó más de 60 muertos.

En abril, la aprobación de Boluarte fue del 15%, dos puntos menos que en marzo y el nivel más bajo en su gestión. El 8% restante de los encuestados no precisó su respuesta, dijo la encuestadora.

Boluarte, de 60 años y la primera mujer en gobernar Perú, empezó su mandato con una desaprobación de 68%, debido a la represión de las manifestaciones que reclamaban su dimisión, elecciones inmediatas y el cierre del Congreso. 

El primero de los cuales será una moción de censura contra la presidenta Dina Boluarte por las 67 muertes que dejaron hasta ahora las protestas populares.

Por lo pronto, dos bancadas del sector, Juntos por Perú y Perú Democrático, se fusionaron bajo el primer nombre y estarán el próximo jueves en la vanguardia, junto a lo que queda en el parlamento del ex partido gobernante Perú Libre (PL), en el primer intento por “vacar” (destituir) a Boluarte.

“La izquierda debe entrar en un proceso de reorganización, encontrar su nuevo papel de oposición y buscar un catalizador, que hasta ahora no tiene, para las próximas elecciones”, dijo el politólogo Roger Santa Cruz con respecto a la situación del sector, visiblemente golpeado por lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo, depuesto el 7 de diciembre.

Dos nombres surgieron hasta el momento como opciones para ser ese presumible catalizador, apunta Santa Cruz: el exprimer ministro Aníbal Torres y la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) Marianella Ledesma, pero aún falta mucho por recorrer.

Serían la antesala de una nueva versión del fenómeno meteorológico El Niño desplazaron a la crisis política como centro de preocupación, pero confirmaron el malestar popular por la falta de respuestas del Estado.

La presidenta Dina Boluarte, quien indicó que las lluvias y el ciclón Yaku dejaron además 1.300 casas destruidas, 50.000 personas afectadas y 640 kilómetros de rutas dañados, admitió las limitaciones del gobierno para enfrentar la situación, a pesar de que el problema fue anticipado por los entes respectivos desde hace medio año.

“No tenemos maquinarias, no tenemos motobombas”, dijo Boluarte en la ciudad norteña de Tumbes, ante un auditorio que de inmediato le recordó que el gobierno hizo inversiones para reprimir las protestas populares en su contra y que el Congreso, ahora aliado del Ejecutivo, dedicó elevadas sumas a gastos supuestamente innecesarios.

Y todo eso podría ser solo el inicio: las autoridades pasaron ya oficialmente de “vigilancia” a “alerta” por la posible llegada de El Niño, fenómeno episódico que en su última presencia en Perú, en 2017, afectó a cerca de un millón de personas y causó la muerte de más de 100. 

Las lluvias y las inundaciones derivadas arrasaron varias zonas, en especial en el norte del país, y el Yaku contribuyó a agudizar la tragedia. Pero, si bien el ciclón es un fenómeno relativamente extraño en Perú, las precipitaciones y la amenaza de El Niño datan de siempre, sin que, en opinión de expertos, se haga algo para contrarrestarlas.

Quien está cumpliendo una medida similar en otro expediente, en una causa en la que está acusado de haber encabezado una organización criminal.

La medida, que alcanza también a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, fue solicitada este martes por la fiscalía y anunciada este jueves por el juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, según una agencia de noticias.

La decisión está relacionada con una causa en la que Castillo está acusado de haber dirigido una red, integrada por familiares y colaboradores políticos, dedicada a conceder contratos de obras públicas de manera irregular y a lavar activos.

Por ese motivo, la fiscalía le imputa los cargos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

Además, el expresidente está acusado en una tercera causa de haber armado un grupo de inteligencia para espiar y desacreditar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a otros funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) que investigaban al entonces mandatario por corrupción.

Intentaban huir de un grupo de “manifestantes radicales”, confirmó este lunes el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La institución detalló en un comunicado que el hecho se registró más temprano, cuando una patrulla de las Fuerzas Armadas que se trasladaba desde Ilave hacia la localidad puneña de Juli, “para reforzar las acciones” militares y restablecer el orden interno, “fue interceptada por manifestantes radicales”.

Los manifestantes impidieron el paso “abruptamente y de manera violenta, amenazando al personal militar con piedras, huaracas y otros objetos contundentes”, por lo que la patrulla decidió tomar una ruta alterna que “contemplaba cruzar el río Ilave para evitar el enfrentamiento”.                                                                                             El Comando aclaró que los funcionarios se vieron en la necesidad de tomar esa alternativa debido a que “los puentes también se encontraban bloqueados”.                     En ese contexto, debido a las dificultades y al caudal del río, “seis miembros de la patrulla fueron arrastrados por la corriente, trayendo como consecuencia el fallecimiento por ahogamiento” del cabo Canazas Cahuaya Franz.

Sería en el caso de un pago a un proveedor del sistema estatal de salud, informó el Ministerio Público.

Adrianzén, ministro del trabajo, que desde hace dos semanas es indagado por otro caso de posible corrupción, y el presidente del Seguro Social de Salud (Essalud), Aurelio Orellana, están sospechados de “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”. 

Asimismo, la asesora presidencial, Asayag pudo haber cometido el delito de “tráfico de influencias agravado”, reportó el Ministerio Público en Twitter.

La indagación fiscal está relacionada con el “presunto interés indebido” en el pago de una suma equivalente a casi 11 millones de dólares por parte de Essalud a una empresa que en 2020 le proveyó un millón de pruebas rápidas de coronavirus, explicó el organismo.

La Contraloría General de la República cuestionó ese contrato, por lo que el pago fue congelado, hasta que el mes pasado “la gestión de Orellana” recomendó efectivizar, según develó el semanario Hildebrandt en sus trece.

Investigado por los delitos de colusión y lavado de activos en la causa Odebrecht.

En tanto, la defensa de Toledo anunció que presentará un recurso ante la Corte del distrito Norte de California para pedir la suspensión del proceso de extradición contra su representado, según informó al medio local RPP Noticias la procuradora Ad Hoc Silvana Carrión en el caso Lava Jato.

La procuradora precisó que el recurso será presentado específicamente a la corte del juez Thomas Hixson, quien certificó la extradición del líder del partido Perú Posible.

“Ha anunciado la defensa del señor Toledo que presentará una acción ante la corte del juez Hixson, quien certificó la extradición, para pedir la suspensión de la ejecución de la extradición o de la entrega. Estimamos que sea denegado este pedido, porque los últimos pedidos de la defensa de Toledo han venido siendo denegados”, indicó.

Minutos antes, el Ministerio Público de Perú había publicado a través de Twitter: “Se ha tomado conocimiento de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique”.

Después de varias semanas de cierre debido a disturbios civiles.

Las protestas provocadas por el derrocamiento y encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo en diciembre dejaron a los viajeros varados en los Andes y llevaron a las autoridades a evacuar Machu Picchu y detener los trenes que circulan entre el sitio y la ciudad de Cusco.

Aunque las protestas y los bloqueos de carreteras, que se han concentrado en el sur de Perú, continúan, en los últimos días hubo relativa calma.

La reapertura se dio luego de un acuerdo entre empresas turísticas, autoridades y líderes comunitarios para garantizar la seguridad en el sitio y los servicios de transporte.

La ciudadela de montaña de Machu Picchu fue construida en el siglo XV, probablemente para un emperador inca. Fue abandonado en la época de la conquista española y redescubierto en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham.

De ser aprobada por el pleno del parlamento, esta iniciativa fortalecerá a la presidenta Dina Boluarte.

Las comisiones de Economía y de Descentralización del Congreso aprobaron el dictamen en sesión conjunta -de la que participaron también representantes del Ministerio de Economía y Finanzas-, aunque sólo en relación con 33 de los 42 puntos solicitados por el Ejecutivo.

El Gobierno de Boluarte procura de ese modo “promover la reactivación económica y modernizar la gestión del Estado”, según una agencia de noticias.

La iniciativa propone autorizar al Ejecutivo a legislar por decreto, ya sea con medidas nuevas o reformas a la legislación existente, sobre inversión pública, gestión económica, impuestos, tesoro público, catastro fiscal y contrataciones del Estado, entre otros temas.