El Gobierno Nacional dispuso la modificación de la normativa que regula la exportación de granos, carnes y lácteos, simplificando el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para potenciar la industria agropecuaria y fortalecer la inserción internacional del campo argentino.
A través de la Resolución 32/2024, la administración nacional eliminó cinco requisitos en el registro a exportadores dentro del RUCA. Ya no será necesario presentar el detalle de cuentas bancarias, movimientos bancarios de los últimos seis meses y líneas de financiamiento, el plan de trabajo proyectado para el próximo año con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos, el detalle del personal en relación de dependencia y compañías aseguradoras de riesgo contratadas, el último estado contable certificado, ni la constancia de ingreso de divisas del último año. Estas modificaciones buscan facilitar el acceso a mercados internacionales para nuevos actores y alinear las políticas de regulación con las necesidades actuales de los productores, exportadores e importadores.
Además, el Gobierno Nacional modernizó el RUCA, simplificando el proceso de registro para los operadores de los rubros de carnes, granos y lácteos y eliminando por completo el registro para los sectores azucarero, frutihortícola, lanero y yerbatero. De las 108 actividades contempladas en el RUCA, se eliminarán 51, lo que representa una disminución del 47%. Entre las eliminaciones, en el sector de granos se suprimen 7 de 46 actividades, en carnes 12 de 28, en lácteos 11 de 13 y la totalidad de las actividades en los sectores lanero, yerbatero, frutihortícola y azucarero.
Desde la Secretaría de Bioeconomía destacaron que muchas de las actividades incluidas en el RUCA fueron creadas en contextos económicos y productivos muy diferentes al actual y que no responden a las necesidades presentes del sector. Estas medidas se suman a una serie de iniciativas llevadas adelante por el Gobierno Nacional para simplificar la normativa, desburocratizar el sector, favorecer una competencia leal y aumentar las exportaciones, al tiempo que se mejora la eficiencia en el uso de los recursos del Estado y se generan menores costos administrativos para el sector privado.