La alianza, compuesta por los partidos Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes y con una representación de 21 diputados, argumenta que la reciente propuesta constitucional, elaborada por el órgano constituyente de tendencia conservadora, “consolida los intereses de la élite económica y prolonga las desigualdades entre los ciudadanos chilenos”.

El Frente Amplio, uno de los dos grupos de partidos que integra la coalición de centroizquierda que gobierna Chile, llamó este jueves a votar en contra del texto propuesto como nueva Constitución en el plebiscito que se celebrará el próximo 17 de diciembre.

“El texto propuesto consagra los intereses de la élite económica y fomenta las desigualdades entre chilenos y chilenas“, objetó en un comunicado la alianza que engloba a los partidos Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes y suma 21 legisladores en la Cámara de Diputados.

El Frente Amplio recordó en la nota que el proceso constitucional arrancó con el objetivo de “dar respuestas a las múltiples demandas sociales que fueron ignoradas durante décadas por la política” y lamentó que ahora culmina con una propuesta de carta magna que ahondará la desigualdad.

“Con decepción hemos visto cómo este segundo proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, ignorando las expectativas ciudadanas y redactando un texto que profundizará las desigualdades, la división e injusticias en nuestro país”, insistieron los descontentos.

“Los esfuerzos de la política deberían estar orientados a resolver las deudas con la ciudadanía en materias de pensiones, salud y educación”, agregó el documento, según la agencia de noticias Europa Press.

El Consejo Constitucional, formado por 50 miembros, en su mayoría opositores a Boric, aprobó a comienzos de semana el borrador para una nueva carta magna que será votado por la ciudadanía el 17 de diciembre, en la que será la segunda consulta ciudadana en poco más de un año.

Jeanine Áñez podría enfrentar una condena por su participación en los trágicos sucesos de Sacaba y Senkata, donde 20 personas perdieron la vida y otras 200 resultaron heridas en noviembre de 2019.

La Fiscalía de Bolivia pidió este lunes una condena de 30 años de prisión para la expresidenta de facto Jeanine Áñez al acusarla formalmente de “genocidio” por su rol en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, en la que murieron 20 personas y otras 200 resultaron heridas.

El Ministerio Público extendió su petición de cárcel a otras 17 personas, entre las que se incluyen varios de sus colaboradores de confianza, así como a antiguos altos mandos militares y de la Policía, según informó la agencia de noticias estatal ABI, el diario local El Deber y recogió la agencia de noticias Europa Press.

“Se ha formulado acusación fiscal en contra de 18 persona, entre ellas Jeanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”, informó el fiscal general, Juan Lanchipa, en conferencia de prensa.

Entre los señalados se encuentran los entonces ministros de Gobierno; Arturo Carlos Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y el de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, a los que la Fiscalía acusa de “la comisión del delito de genocidio y la grave afectación al bien jurídico más importante, que es la vida”.

A la lista se le suman los nombres del entonces comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Carlos Orellana; el jefe del Estado Mayor, Pablo Arturo Guerra; el inspector general de las Fuerzas Armadas, Aldo Bravo Méndez; y los respectivos comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército de tierra, entre otros.