En una entrevista en el noticiero de TV Globo, el más visto del país que marcó 31,2 puntos de rating, el líder del PT admitió que hubo corrupción en la estatal Petrobras, defendió a Dilma Rousseff y criticó al actual presidente brasileño.

El expresidente y candidato opositor Luiz Inácio Lula da Silva prometió este jueves por la noche que en las elecciones del 2 de octubre busca volver “mejor” al gobierno, admitió que hubo corrupción en la estatal Petrobras, defendió a la expresidenta Dilma Rousseff y calificó al mandatario Jair Bolsonaro como un “bobo de la corte” que le ha dejado al Congreso la misión de gobernar y no puede controlar el presupuesto del país.

En una entrevista de 40 minutos con los presentadores del Jornal Nacional, de TV Globo, el noticiero más visto del país que marcó 31,2 puntos de rating, Lula se presentó por primera vez en un medio del grupo mediático que apoyó editorialmente a la operación Lava Jato, por la que fue encarcelado 580 días y lo proscribió de las elecciones de 2018.

“Fui masacrado (en la TV Globo) por cinco años consecutivos”, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que acusó a la Operación Lava Jato de haber “arrojado al lodo” el prestigio y la independencia del Ministerio Púbico Fiscal.

“Lava Jato llegó del Poder Judicial a la política con el objetivo de detener a Lula”, dijo ante los periodistas William Bonner y Renata Vasconcelos, mientras en varias ciudades se realizaban cacerolazos de los bolsonaristas y actos a favor del líder del PT.

“Quiero volver para ser mejor de lo que fueron mis ocho años de gobierno. Quiero volver porque quiero hacer las cosas que debería haber hecho pero no sabía que era posible hacer”, aseguró Lula, que elogió la trayectoria como gobernador de San Pablo, el mayor estado del país, de Geraldo Ackmin, su adversario de entonces y su actual compañero de fórmula, un conservador del Partido Socialista Brasileño.

El exmetalúrgico prometió a la población que volverá a “ser feliz, con una mejor calidad de vida” y dijo que se propuso “pacificar el país contra el odio diseminado” por la ultraderecha, aunque defendió como “natural en todos los países la polarización ideológica y programática entre dos proyectos de país”.

El presidente de Brasil afirmó que a raíz de la reducción de los impuestos en el precio de los combustibles y la energía eléctrica el país tendrá deflación. Según se informó, un tercio de la población brasileña no logra comprar alimentos para comer diariamente.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el país, la mayor economía latinoamericana, tendrá deflación en las próximas semanas a raíz de la reducción de los impuestos en el precio de los combustibles y la energía eléctrica, aunque la meta de inflación anual será el doble de lo proyectado por el Banco Central.

“Debemos tener la mayor deflación de la historia desde el Plan Real” de 1994, dijo Bolsonaro al canal privado oficialista SBT, al destacar leyes que el Congreso aprobó para reducir a la mitad los impuestos de los estados a las naftas, lo cual provocó, también, la desfinanciación de los presupuestos educativos y de salud.

Un estudio de la universidad privada Fundación Getulio Vargas (FGV) indicó que Brasil debería tener deflación en el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) de julio y que probablemente esta situación se repita en agosto.

El precio promedio de los combustibles retornó a los niveles de agosto de 2021 con la baja impositiva, toda vez que el gobierno evitó cambiar la política de paridad de precios internacionales de la petrolera estatal Petrobras, que está generando ganancias extraordinarias para los accionistas privados.

Los analistas indican que esta reducción no debe incluir a los precios de los alimentos, que continúan en alza.

Dirigentes opositores vincularon los discursos de Bolsonaro por Facebook y en videos para sus seguidores al clima de odio generado en el país.

Los partidos opositores de Brasil pidieron al fiscal general, Augusto Aras, abrir una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por “exhortar al odio” contra rivales políticos, en virtud del asesinato de un dirigente del Partido de los Trabajadores por parte de un policía penitenciario bolsonarista en Foz do Iguazú, estado sureño de Paraná, el pasado sábado.

“Bolsonaro usa su posición de autoridad para diseminar odio”, dice el pedido que indica que el jefe del estado debe ser investigado por incitación y apología del crimen.

El pedido fue elevado por el Partido de los Trabajadores y sus aliados que impulsan la candidatura opositora del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones del 2 de ocrtubre más el Partido Democrático Laborista, del candidato presidente Ciro Gomes.

El pedido se basa en las recurrentes convocatorias a una “guerra” contra la oposición y sus amenazas contra sus adversarios políticos.

El mandatario brasileño dijo que la importación de diésel ruso se puede llegar a concretar dentro de los próximos 60 días y que es la opción más barata y ventajosa.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su gobierno pretende empezar a importar gasoil desde Rusia para reducir el precio de los combustibles y argumentó que las sanciones de Occidente contra la industria energética rusa por la invasión a Ucrania no tuvieron éxito.

Bolsonaro dijo que “existe la posibilidad” de que la importación de diésel ruso se concrete dentro de los próximos 60 días, y defendió esa opción por ser más barata que otros proveedores internacionales de la compañía estatal petrolera Petrobras.

“Nosotros importamos casi el 30% del gasoil que se consume en el país. Hay que importar de los que venden a mejor precio y no aceptar el precio de los que cobran más caro”, aseguró Bolsonaro a periodistas en el Palacio del Planalto, la sede de la Presidencia, en Brasilia.

De cara a su reelección en la campaña para los comicios del 2 de octubre, Bolsonaro lanzó un paquete de medidas que incluyó una renuncia fiscal de los estados para permitir la reducción del precio de los combustibles: desde el 22 de junio los precios cayeron en promedio casi 9% en las estaciones de servicio.

Un policía bolsonarista mató a tiros a un dirigente del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva en Foz de Iguazú. A menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Brasil, la violencia irrumpe así en la campaña electoral.

La violencia política explotó en Brasil, cuando un policía irrumpió en una fiesta de cumpleaños gritando consignas a favor del presidente Jair Bolsonaro y mató a tiros a un dirigente del partido del exmandatario y candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, en un club social de Foz de Iguazú, estado de Paraná, en la frontera con la provincia de Misiones.

La policía civil de Paraná había informado que el agresor había muerto cuando el cumpleañero había alcanzado a responder los disparos, pero la comisaria de la división homicidios, Iane Cardoso, afirmó que está internado y bajo custodia.

La funcionaria hizo la afirmación durante una conferencia de prensa en la que ratificó que hubo “motivación política” en el homicidio.

El ataque del policía bolsonarista tuvo motivaciones políticas debido a que el cumpleaños tenía la temática del Partido de los Trabajadores (PT) y la víctima, Marcelo Arruda, usaba una remera con la cara de Lula.

La invasión a la fiesta del dirigente que era también guardia municipal y tesorero del PT por parte del policía penitenciario federal bolsonarista ocurrió luego de que el jueves Lula debió utilizar chaleco antibalas en un acto en Río de Janeiro luego de que un hombre que fue detenido lanzó un explosivo de fabricación casera contra la multitud.

La policía de Río de Janeiro informó que un hombre fue detenido en el momento por lanzar contra la plaza Cinelandia, una botella de plástico con un explosivo de reducido impacto llena de excrementos que cayó cerca de una valla.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato favorito en las encuesta a vencer las elecciones del 2 de octubre, comenzó a utilizar chaleco antibalas la noche del jueves en Río de Janeiro, durante un acto multitudinario que estuvo precedido por un ataque con una botella con explosivos y excrementos que no hirió a nadie pero elevó las alertas sobre la seguridad en la campaña electoral.

Este fue el segundo atentado contra los seguidores de Lula en menos de un mes, luego de que esta semana fuera detenido un empresario ruralista militante del presidente Jair Bolsonaro en Uberaba, estado de Minas Gerais, por utilizar en junio pasado un dron que lanzó agrotóxicos contra el público.

“Queremos una rápida investigación sobre este ataque”, dijo a periodistas el presidente de la Asamblea Legislativa de Río, André Ceciliano, candidato a senador del Partido de los Trabajadores en las elecciones de octubre.

Jair Bolsonaro, obligó a las estaciones de servicio a colocar carteles que informen sobre la reducción del precio de los combustibles.

La iniciativa forma parte de una serie de “medidas relámpago” en las que todas las estaciones de servicio deberán exhibir los precios de los combustibles, como resultado de la ley que el bolsonarismo logró aprobar en el Congreso. El decreto vale hasta diciembre de 2022.

La finalidad de la medida “es permitir que los consumidores puedan comparar los valores antes y después de la imposición”.

El decreto vale hasta diciembre de 2022, cuando termina el mandato de Bolsonaro, y no habrá sanciones para quien no cumpla la determinación del gobierno, sino que habrá orientaciones por parte de la Agencia Nacional del Petróleo.

La reducción del precio de los combustibles, que ya está ocurriendo por la caída de los impuestos de los estados, es una de las cartas de Bolsonaro para recuperarse en las encuestas frente al liderazgo de Lula, cuya campaña utiliza el eslogan “Bolsocaro” para asociar al gobierno con la disparada de la inflación.

El mandatario decidió aumentar el presupuesto para la emisora de la familia Marinho, cuando había prometido dejar de invertir debido a la posición crítica de la emisora en algunos de los temas de la agenda del gobierno, sobre todo en el manejo la pandemia de coronavirus.

El Gobierno brasileño, en el año en que el presidente Jair Bolsonaro se juega la reelección, aumentó en el primer semestre de 2022 un 75% el gasto en publicidad en la cadena televisiva Globo, la más grande del país y que había sido convertida en enemiga por parte de la ultraderecha oficialista, según datos oficiales divulgados este lunes por la prensa local.

El aumento de la pauta publicitaria en Globo, el canal abiertamente defensor del modelo económico neoliberal de privatizaciones y ajuste del ministro de Economía, Paulo Guedes, es contrario a la ideológica del bolsonarismo, que ha convertido a este canal en un enemigo, sobre todo en la pandemia.

Desde que asumió, Bolsonaro apostó a los medios alternativos de ultraderecha para enviar sus mensajes y logró el apoyo explícito y oficial de dos cadenas de televisión abierta competidoras de Globo: el canal Record, propiedad de la evangélica Iglesia Universal, y SBT, cuyo titular es el magnate Silvio Santos, suegro del ministro de Comunicaciones, Fabio Faria.

El valor invertido en Globo en 2022 es de 11,4 millones de reales (unos 2 millones de dólares), un 41% de todo lo aplicado desde 2019.

El presidente de Brasil oficializó la privatización de la poderosa empresa de electricidad en un acto brindado en la Bolsa de San Pablo.

El mandatario brasileño tomó la decisión de que una de las empresas de electricidad más importantes de América Latina sea privada, en medio de protestas que probablemente, traerán consigo un aumento de tarifas inevitable.

En este sentido, las manifestaciones contra la privatización fueron encabezadas por movimientos sociales como el Movimiento de Afectados por los Diques Hidroeléctricos y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, además del sindicato de trabajadores del gremio de electricidad.

Por su parte, el Ministro de Economía, Paulo Guedes, en un claro apoyo a la decisión del Presidente, aseguró: “Es un momento histórico. Esta empresa agotó su modelo y ahora puede caminar por sus propias piernas”.

Cabe destacar que la empresa pertenecía al Estado brasileño desde 1962, año en que fue fundada y se convirtió en la segunda mayor privatización de la historia, sólo por detrás de minera Vale, que fue vendida por la gestión del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).