Una persona había fallecido en enfrentamientos entre quienes apoyan la realización de un censo nacional en 2023 y aquellos que  respaldan la decisión del Gobierno de Luis Arce de postergarlo para 2024.

El Gobierno de Bolivia y representantes del Comité Impulsor del Censo 2023 de Santa Cruz reinstalaron el diálogo, luego del cuarto intermedio resuelto apartir de por los enfrentamientos callejeros, en los que murió una persona, en el primer día del paro indefinido en ese departamento boliviano, en rechazo a la decisión del Ejecutivo nacional de postergar hasta 2024 el acto censal.

En la reunión participan también los cívicos, el rector y el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, antes de volver a ingresar a la reunión sostuvo que tiene “la esperanza de que el Gobierno deje su soberbia, que escuche al pueblo”. Además, pidió a la policía evitar los desbloqueos, según reportó el diario cochabambino.

El Ministerio de Gobierno confirmó que una persona falleció en enfrentamientos entre quienes apoyan la medida y quienes quieren desbloquear las calles en la localidad de Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil.

“Condenamos la violencia ejercida durante un paro cívico que provocó la irreparable pérdida de una vida humana en Puerto Quijarro”, lamentó el presidente Luis Arce en un mensaje en Twitter.

Santa Cruz, bastión de la oposición, acordó hace dos semanas un paro indefinido para exigirle al Gobierno que adelante el censo, herramienta que se utiliza en Bolivia para distribuir los recursos y las bancas.

El Gobierno boliviano decidió aplazar hasta 2024 el censo poblacional previsto en un primer momento para el primer semestre de 2023 con el argumento de que no se dan las condiciones para llevarlo a cabo por una serie de deficiencias técnicas y logísticas como parte de las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

El documento firmado por el mandatario boliviano, Luis Arce, establece la reparación integral a víctimas de las dictaduras del periodo comprendido entre 1964 y 1982, a través de un resarcimiento especial.

El Gobierno de Bolivia firmó este domingo un convenio de reparación con las víctimas de las dictaduras militares que tuvieron lugar entre 1964 y 1982, lo que motivó la retirada de las carpas que estuvieron durante más de diez años frente al Ministerio de Justicia en La Paz como forma de protesta.

“El golpe de Estado de 2019 puso un duro golpe para quienes hemos peleado por vivir en democracia”, dijo el presidente boliviano, Luis Arce, en el acto donde el Gobierno firmó el acuerdo.

“Han pasado muchos años de esos golpes militares que se llevaron muchas vida. Fueron compañeros que lamentablemente ya no están con nosotros, pero si van a perdurar en la memoria y hoy en homenaje a todas esas víctimas hemos querido suscribir este convenio para resolver este problema que está por más de 10 años”, agregó el mandatario en el patio principal de la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno.

El acuerdo establece la reparación integral a víctimas de las dictaduras del periodo comprendido entre 1964 y 1982, a través de un resarcimiento especial.

En el acto estuvieron presentes además de víctimas directas, familiares y funcionarios.

Este lunes se lleva cabo en la ciudad boliviana de Santa Cruz un paro cívico de 24 horas convocado por Comité Interinstitucional Impulsor del Censo, para exigirle al gobierno que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice el 28 de junio de 2023 y no en mayo de 2024.

La decisión de postergar el censo la tomó el Consejo Nacional de Autonomías, un ámbito que reúne a distintos niveles de gobierno, por su parte, el presidente del Comité y rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, dijo que la suspensión de actividades se resolvió tras el silencio del gobierno de Luis Arce, “el paro se ratifica para el lunes por un mandato de la cumbre de instituciones que se reunió el viernes 15 de julio en instalaciones de esta universidad”, señaló.

Los transportistas y gremialistas del Plan 3000 -uno de los quince distritos que conforman el municipio de Santa Cruz de la Sierra-, rechazaron el “paro político”. El dirigente de los transportistas, Édgar Fernández, dijo que “por los caprichos” de Camacho no se pueden perder “más de 32 millones de dólares” en un día de paro.

Al paro se adhiere la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, y la Asociación de Supermercados.

El mandatario habló en la apertura de la XV Jornada Monetaria, “Riesgos Globales en un Contexto de Incertidumbre y Volatilidad Financiera”, organizada por el Banco Central de Bolivia (BCB), en La Paz.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, destacó que merced a las políticas social y económica que aplica su Gobierno, esa nación tiene “una estabilidad muy envidiada por muchos países”, al tiempo que agregó: “El Fondo Monetario Internacional (FMI) ahora recomienda a las economías aplicar subvenciones, política que era fuertemente cuestionada a Bolivia por ese organismo mundial. Y gracias a nuestras subvenciones, gracias a toda la política económica y social que aplicamos, tenemos la estabilidad económica muy envidiada por muchos países”.

Por otro lado, rescató que la política monetaria y fiscal tiene que tener “cada vez más un contenido social que un simple contenido tecnócrata o de manual de libro de economía”, porque el mundo se enfrenta a “tiempos de cambio en la concepción”.

A su vez, afirmó: “Quienes producimos alimentos para nosotros mismos estamos tranquilos, con la inflación controlada. Pero quienes han evidenciado la globalización de libre mercado, están enfrentando hoy serios problemas”.

Se presentó una denuncia formal en la Justicia contra varios dirigentes que participaron en el golpe de Estado de 2019, entre ellos Carlos Mesa y Jorge Quiroga, quienes ocuparon la Presidencia en el pasado.

El Comité Impulsor del Juicio por el llamado “caso golpe de Estado” en Bolivia presentó una denuncia formal contra una veintena de líderes de oposición y exautoridades, entre ellos dos expresidentes, por sus roles durante la crisis que derivó en la salida forzada del gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019 y en el Ejecutivo de facto que siguió a ese hecho.

“Se ha presentado denuncia en contra de Carlos Sánchez Berzaín, Erick Foronda, Yuri Calderón, William Kalimán, Carlos Alarcón, Ricardo Paz, Waldo Albarracín, Marco Antonio Pumari, Luis Revilla e Iván Arias”, explicó Rolando Cruz, integrante del Comité Impulsor.

La nómina incluye a los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, al empresario y excandidato Samuel Doria Medina y al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.

También mencionó a los exministros Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, José Luis Parada, Yerko Núñez, Mario Ordóñez, Roxana Lizárraga, Álvaro Coimbra y otros excolaboradores de la presidenta de facto Jeanine Áñez.

Todos están acusados de siete delitos en base a los roles que, según la documentación, tuvieron en la crisis política derivada de las elecciones del 2019 y la posterior salida forzada del Ejecutivo de Evo Morales.

La exmandataria de facto boliviana podría pasar esa cantidad de años en prisión por la llamada causa “golpe de Estado II”.

Áñez se encuentra en una situación judicial muy complicada, dado que, pidieron una condena que podría alcanzar los 15 años de prision por el “Golpe de Estado II” y enfrenta aparte otros dos juicios simultáneos, uno el “caso Golpe de Estado I”, por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

En la nueva jornada del proceso que lleva adelante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz se escucharon los alegatos de la Procuraduría General del Estado y del titular del Senado, Andrónico Rodríguez –denunciante del caso-, todos con idéntico pedido.

Como el lunes la Fiscalía había pedido 15 años de prisión y el martes hizo lo propio el Ministerio de Gobierno, siempre por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, las cuatro instancias acusadoras coincidieron en la pena solicitada.

Cabe destacar que la exmandataria de facto sigue las instancias del juicio en forma virtual desde el penal de Miraflores.