A medida que las protestas encabezadas por seguidores del expresidente Evo Morales ingresan en su tercera semana en Bolivia, la crisis de desabastecimiento de alimentos y combustibles se profundiza. La falta de un acuerdo y la creciente polarización política entre los seguidores de Morales y el gobierno actual generan preocupaciones sobre el futuro inmediato del país.

La exigencia de la renuncia de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para 2025 sigue siendo el punto de conflicto central. Esta situación ha intensificado las tensiones entre Morales y el presidente Luis Arce, exaliado del exmandatario y exministro de Economía. Las acusaciones de sabotaje y manipulación política contribuyen a la escalada de la confrontación. Con 30 puntos de bloqueo en todo el país, la escasez de alimentos y combustibles se expande, afectando gravemente a la población. Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior, informa sobre la persistencia de enfrentamientos entre manifestantes, en su mayoría cocaleros, y las fuerzas policiales, con un saldo de 40 policías heridos, 15 detenidos y tres personas fallecidas en los bloqueos.

Las ciudades más afectadas por la escasez de productos básicos son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, exacerbando las tensiones sociales y económicas. La advertencia del director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos sobre el riesgo de accidentes con camiones cisterna cargados de combustible atrapados en las protestas aumenta la ansiedad en el país.

En este contexto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” de La Paz, en estado de emergencia, denuncia las pérdidas económicas y anuncia acciones legales contra “supuestos dirigentes” que promueven las protestas por motivos políticos. La persistencia de la crisis plantea desafíos significativos para la estabilidad de Bolivia y la necesidad urgente de encontrar una solución pacífica a esta situación.