La ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú, Dina Boluarte, ha afirmado en una reciente declaración que el reciente cambio de gobierno en el país, que resultó en la destitución del presidente Pedro Castillo, fue un “golpe de Estado” orquestado y planificado meticulosamente.

Boluarte acusó a diversos actores políticos y grupos de poder de llevar a cabo un “zarpazo” contra el gobierno de Castillo, quien asumió el cargo apenas hace unos meses con una agenda progresista centrada en la lucha contra la desigualdad y la corrupción.

Boluarte expresó su preocupación por el rápido cambio de rumbo que ha experimentado el país desde la llegada al poder del nuevo presidente, cuyo gobierno ha implementado medidas que van en contra de los intereses de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Según la ministra, estas acciones son producto de un plan premeditado para desmantelar la agenda transformadora propuesta por Castillo.

La destitución de Castillo se llevó a cabo el pasado 5 de junio, cuando el Congreso peruano aprobó una moción de vacancia presidencial tras acusarlo de “incapacidad moral” para gobernar. Sin embargo, Boluarte sostiene que esta medida fue impulsada por fuerzas que se oponían a las reformas impulsadas por el presidente en materia económica y social.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social también denunció la falta de transparencia en el proceso de destitución y cuestionó la legitimidad de las acciones tomadas por el Congreso. Según Boluarte, el golpe de Estado se basó en argumentos infundados y fue ejecutado de manera antidemocrática, socavando la voluntad popular expresada en las elecciones.

Estas declaraciones de Boluarte han generado un intenso debate político en Perú, con algunos sectores respaldando sus afirmaciones y exigiendo una investigación exhaustiva sobre los eventos que llevaron a la destitución de Castillo. Mientras tanto, otros actores políticos han rechazado sus acusaciones y argumentan que se trató de un proceso legítimo basado en el marco constitucional del país.

En medio de esta polémica, la situación política en Perú continúa siendo incierta. El actual presidente interino, quien asumió el cargo tras la destitución de Castillo, ha prometido convocar a nuevas elecciones en el país, pero la fecha y el proceso para llevarlas a cabo aún no se han definido.

El futuro político de Perú sigue siendo un tema de preocupación tanto a nivel nacional como internacional, ya que la estabilidad y la continuidad de las políticas implementadas por el gobierno de Castillo están en juego.