Javier García resaltó que, como al gobierno le tocó un período “corto” a raíz de la pandemia, ahora debe aprovechar el medio mandato restante para sus políticas más ambiciosas.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró que Uruguay tiene previsto seguir en la línea de “ejercer la autoridad” ante el crimen organizado y el narcotráfico, a lo que remarcó la necesidad de tener protegido el espacio aéreo.

Así lo aseveró el secretario de Estado durante su participación en un desayuno de consulta organizado por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay (Camacoes).

García resaltó primero que, como le tocó un período “corto” a raíz de la pandemia, el gobierno debe aprovechar el medio mandato restante para sus políticas más ambiciosas: las reformas estructurales de la educación y del sistema de seguridad social.

Por otro lado, frente a temas en los que el crimen organizado acumuló titulares en la prensa local, García reafirmó que el gobierno tomó “todas las medidas necesarias”.

“Se suele decir es mejor invertir en hospitales, en escuelas. Las sociedades como nuestras familias son complejas y hay necesidades múltiples y lo que tenemos que hacer los gobernantes es poner prioridades, pero saber que es tan importante la educación como la seguridad, que es patrulleros pero también seguridad de fronteras y espacio áereo”, subrayó.

Por último, sostuvo: “¿Cómo se cuida nuestro espacio aéreo? con aviones y con radares ¿Cómo se cuidan nuestros recursos naturales en el mar? nadando no. Hay que invertir”, concluyó.

Protestaban contra la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou. Accedieron a retirarse del edificio de forma pacífica con la condición de celebrar una reunión con las autoridades en las próximas 24 horas.

La Policía uruguaya desalojó a estudiantes que horas antes ocuparon la sede del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en protesta contra la reforma educativa impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, un hecho calificado de “atropello a los derechos y libertades de todos” por el titular de esa cartera, Pablo da Silveira.

“La sede central del Ministerio de Educación y Cultura ha sido ocupada por militantes del IPA (Instituto de Profesores Artigas). Los ocupantes invadieron la planta baja, bloquean la entrada e impiden el ingreso de los trabajadores”, escribió el Ministro en su cuenta de Twitter.

“Fue una desocupación muy pacífica, de diálogo”, afirmó el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, encargado de mediar con los manifestantes, asimismo, añadió: “Quedaron conversando con los datos para generar una instancia de diálogo cuando lo entienda el ministerio”.

La vocera del sindicato, Jazmín Gallardo, explicó que los estudiantes exigen una “mesa de negociación” con las autoridades educativas y representantes de MEC para discutir los términos de la reforma educativa, así como otros asuntos vinculados al presupuesto, las condiciones edilicias de los centros, la elección de horas docentes y las vacantes.

Estas medidas se dan en el marco de una lucha de diversos sindicatos de educación contra el Gobierno, cuando la Asamblea General, el Parlamento del país, se encuentra en la recta final para votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

De hecho, el pasado 4 de octubre, estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad de la República, principal centro de estudios terciarios de Uruguay, comenzaron la primera huelga general llevada a cabo desde 2002.

El proyecto propone la habilitación para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida.

La Cámara de Representantes (diputados) de Uruguay dio media sanción a un proyecto de ley que despenaliza y regula la eutanasia, tras un extenso debate y arduas negociaciones que continuarán en el Senado.

El proyecto, que fusiona propuestas del Partido Colorado (de centroderecha, integrante de la coalición oficialista) y del Frente Amplio (oposición de izquierda), tuvo el apoyo transversal de legisladores y legisladoras de todos los partidos para alcanzar los 57 votos sobre un total de 96.

“Este proyecto cambia el centro de gravedad; el poder ya no está en el médico. Queremos que esté en buena medida en el paciente, que es el que está sufriendo”, dijo el diputado colorado Ope Pasquet, uno de los redactores de la norma.

La legislación apunta a “regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ella determina”, dice el texto.

La solicitud de la eutanasia quedará habilitada para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan “una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables”, dice el proyecto.

Durante las discusiones, no obstante, se acordó agregar que los solicitantes deben estar transitando la “etapa terminal” de la enfermedad, con la única excepción de las personas con cuadriplejia.

Todas las instituciones de salud quedan obligadas a ofrecer el servicio, pero los médicos pueden apelar a la “objeción de conciencia” para negarse, en cuyo caso el centro de asistencia debe designar a otro profesional.

La norma debe ser ahora sometida a estudio del Senado, donde se avizora un debate más ajustado.

El juez imputó al jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, por el delito continuado de creación de estado civil falso en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, despidió al jefe de su custodia, Alejandro Astesiano, horas después de que un juez le imputara tres delitos y le aplicara 30 días de prisión preventiva, informaron fuentes oficiales citadas por la prensa local.

El juez Matías Porciúncula imputó a Astesiano por el delito continuado de creación de estado civil falso en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias, y le aplicó 30 días de prisión preventiva.

Luego, Lacalle Pou reconoció que el hecho, del que se responsabilizó, podría afectarlo políticamente. “Si hay un responsable, soy yo”, expresó, al tiempo que agregó: “El hecho es desagradable, inconveniente en lo personal; en lo político ni que hablar, pero habla bien de la República”, aceptó el mandatario en conferencia de prensa.

De esa forma, el magistrado aceptó íntegramente los pedidos efectuados por la fiscal Gabriela Fossati, ante lo cual Lacalle Pou se declaró sorprendido y reveló que el hecho le cayó “como un balde de agua fría” al referir que Astesiano le generaba “confianza”.

Además, la cartera de seguridad confirmó que Astesiano tenía más de 20 anotaciones -por hurto, estafa, y apropiación indebida entre 2003 y 2018-, tal como consta en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de la Secretaría de Estado.

Los sindicalistas realizaron la protesta en rechazo al “modelo de desigualdad” que impulsa el presidente uruguayo y valoraron como muy importante la adhesión al mismo.

La principal central sindical de Uruguay, el PIT-CNT, cumplió su cuarto paro general contra el gobierno de Luis Lacalle Pou, en rechazo al “modelo de desigualdad” que impulsa el Gobierno, una medida a la que, según sus organizadores, adhirió más de un millón de personas, en una población que supera los 3,2 millones.

“Es una señal muy poderosa, muy fuerte, que está emitiendo el movimiento sindical”, destacó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, al tiempo que puso de relieve que “están participando en este paro general de 24 horas, adhiriéndose voluntariamente, mucho más de un millón de uruguayos y uruguayas” y remarcó el fuerte cumplimiento especialmente “en la administración central, en el conjunto de empresas, en todo el sistema educativo público y privado, en la banca pública y privada, en la construcción, en toda la industria manufacturera”.

El presidente del PIT-CNT reconoció que el paro no afectó el transporte porque hubo unidades circulando, en base a un esquema de emergencia que armaron las empresas, aunque dijo que estos vehículos iban vacíos.

Este fue el cuarto paro de 24 horas convocado de la central sindical desde la asunción de Lacalle Pou, el 1 de marzo de 2020.

El índice que elabora anualmente la Red Liberal de América Latina (Relial) valoró la resiliencia del país para recuperarse en medio de una pandemia y la crisis económica por la guerra en Ucrania.

Uruguay aprobó con nota en el reciente Índice de Calidad Institucional (ICI) 2022, que elabora anualmente la Red Liberal de América Latina (Relial), junto con la Fundación Libertad y Progreso. En el estudio (que analiza cómo hicieron frente los países de América a adversidades como la pandemia y la crisis económica por la guerra en Ucrania) el país encabeza la aprobación en la región y está en el número dos en todo el continente.

“Con excepción de Uruguay y de Chile que todavía se mantienen y de otros que van avanzando muy lentamente, la calidad institucional de América Latina va en picada, especialmente en los países con un régimen de tipo populista. Eso tiene que ver, básicamente, con los problemas derivados de la carencia de un verdadero Estado de derecho”, expresó al medio DW la presidenta de Relial, Bertha Pantoja.

El puntaje de cada país revela la seguridad de los derechos de los ciudadanos con base en dos subíndices: las instituciones políticas y las instituciones de mercado. En el estudio de este año el índice se centró en la resiliencia de cada país para hacer frente a la crisis sanitarias a causa del coronavirus. “Los países con menor calidad institucional sufrieron

mayores costos en términos sanitarios, económicos y en sus libertades individuales”, señala el estudio.

Según el índice, con base en los gráficos, “no parece haber procesos positivos de mejora institucional en toda América, salvo los casos de Uruguay y Costa Rica, y en alguna medida Ecuador”. “En el caso de Uruguay, ha sido notable el avance y la solidez de sus organizaciones, especialmente las políticas”, detalló la directora de Relial.

En Montevideo, fue destituido subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, por la expedición de un pasaporte a Sebastián Marset, quien se encuentra profugo de la justicia, entre otros crímenes acusado de mandar a matar a un fiscal paraguayo.

El gobierno de Uruguay destituyó este lunes al subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, por la expedición de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, lo que convirtió al funcionario en la primera baja por el escándalo, que se anunció mientras los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores de Uruguay eran interpelados por la bancada de senadores del Frente Amplio.

La información fue confirmada por el Ministerio del Interior, mientras el ministro de esa cartera, Luis Alberto Heber, también informó el desplazamiento del funcionario a los senadores del Frente Amplio, mientras estaba siendo interpelado por el senador Mario Bergara.

“Con motivo de la interpelación estuvimos analizando con profundidad esto y con detenimiento, y este sábado, en este proceso de informar al Parlamento, se nos acerca una información de que había habido una instancia entre Identificación Civil y Científica procurando apurar tres pasaportes, donde entre ellos estaba el del señor Marset”, dijo Heber en el recinto del Senado.

El ministro aseguró que ordenó “una investigación de urgencia, que hoy mismo está dando resultados, hoy”, insistió. “La conocimos el sábado, la preparamos, el domingo se hizo la investigación en Científica y en Identificación Civil. Hay una investigación de urgencia, de un mail, solicitando”, explicó.

“Se nos dice que esto es usual, que es común; no sé, no me importa. No me interesa si es usual. Yo no lo sabía y no se me había informado antes. Por lo tanto, lo que hicimos es hacer una investigación de urgencia, y si es del caso vamos a hacer un sumario con separación del cargo. Esperemos la investigación”, dijo el ministro. Minutos después, un funcionario del ministerio confirmó a la prensa que Lacoste había sido destituido.