La crisis política en Colombia se intensifica con la suspensión del ministro de Exteriores, Álvaro Leyva. El presidente Gustavo Petro ha acusado públicamente a quienes respaldan esta medida de llevar a cabo maniobras coordinadas para desestabilizar su gobierno democrático. La Procuraduría General, al abrir un expediente disciplinario y suspender a Leyva por tres meses, argumenta que el ministro tomó “decisiones caprichosas” durante el proceso de licitación para la emisión de pasaportes. Petro, en respuesta, ha defendido la legalidad de las acciones de Leyva y ha calificado la suspensión como un esfuerzo concertado para debilitar su administración.

Este episodio se suma a una serie de controversias legales que rodean al presidente, incluida la imputación formal a Nicolás Petro, su hijo mayor, por presuntos delitos de blanqueo de capitales. La situación política en Colombia se torna cada vez más tensa, con Petro denunciando activamente intentos de “sacar al presidente” de su cargo. La suspensión de Leyva marca un punto crítico en la relación entre el gobierno y las instituciones, generando incertidumbre sobre el futuro político del país.