El Gobierno de Nicaragua lo había despojado de su nacionalidad, sus derechos políticos y sus bienes, luego de acusarlo de “traición a la patria”.

Fue junto a más de 300 opositores, periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, a la par que ponderó los pronunciamientos en contra de esas medidas de algunos gobiernos progresistas de América Latina, entre ellos el argentino.

La medida tomada por el Gobierno de Daniel Ortega alcanzó también al exvicepresidente Sergio Ramírez y a la escritora Gioconda Belli, entre otros, e “indica la erosión absoluta del Estado de Derecho y la concentración evidente de atribuciones en el Poder Ejecutivo”, opinó Ramírez Ayerdis, quien con intermitencias reside en Buenos Aires desde 2014 y brinda apoyo jurídico gratuito a las víctimas de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y a sus familiares.

El 9 de febrero, 222 presos políticos fueron liberados y expulsados a Estados Unidos, además de despojarlos de su nacionalidad, y posteriormente se tomó una medida similar contra 94 opositores exiliados, entre quienes está Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericana de Derechos Humanos (Calidh).